Lista que compite por la presidencia de Sofofa propone aumentar la base total de contribuyentes que paga impuesto personal

Preocupación existe al interior del mundo gremial en torno al debate tributario. De hecho, la candidata a la presidencia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, junto a Oscar Hasbún y Gonzalo Said, abordaron recientemente este tema a través de una columna de opinión.

En el escrito, publicado en El Mercurio, los voceros plantearon que es importante relevar algunos aspectos básicos en torno al acuerdo fiscal que está buscando construir el Ministerio de Hacienda.

Como primer punto, los consejeros del gremio industrial plantearon que un primer paso en una nueva discusión tributaria es conocer con precisión qué es lo que busca financiarse y cuál es el monto requerido en términos absolutos y no como porcentaje del PIB.

Para ellos, un segundo paso esencial es la eliminación de programas fiscales ineficaces. “Es inaceptable que servicios públicos que consumen varios millones de dólares al año -y que han sido mal evaluados- sigan siendo financiados con los impuestos de todos los chilenos”, dicen.

Una vez resuelto lo anterior, sostienen, se pueden evaluar opciones para financiar eventuales gastos adicionales. 

En este sentido, Navarro, Said y Hasbún dicen que resulta “ineludible” relevar el crecimiento económico como una importante fuente de recaudación, “porque si Chile hubiera crecido 5% en la última década, la recaudación adicional fruto de este aumento sería mucho mayor que el objetivo recaudatorio del proyecto tributario rechazado”.

Por esto, para ellos, un tercer paso es incorporar en una eventual reforma tributaria elementos que incentiven “o que al menos no dañen” el ahorro, la inversión y el crecimiento.

En esa línea, los consejeros plantean que es importante elegir los instrumentos que puedan permitir “una mayor recaudación -de ser necesaria- sin distorsiones, que recoja las recomendaciones de la OCDE y que no lesionen el crecimiento económico”.

A modo de ejemplo, señalan que el aporte del impuesto corporativo en Chile (23,4%) en la recaudación tributaria total es significativamente mayor al de la OCDE (9,6%). A su vez, dicen que la tasa de impuesto de Primera Categoría en Chile (27%) está por sobre el promedio OCDE (23,4%), “por lo que no parece lógico seguir hipotecando la competitividad global de nuestras empresas”.

Otro aspecto que fue abordado por la lista en competencia por la presidencia del gremio industrial, es la necesidad de aumentar el universo de contribuyentes que pagan impuesto personal.

Para justificar este planteamiento, los consejeros plantean que solo el 25% de los chilenos con ingresos formales paga impuestos personales, y que un un 75% está exento. 

Además, sostienen, el 27% de los ocupados son informales, con aportes tributarios escasos o nulos. En contraste, en los tramos altos, la renta marginal paga un 40% de impuestos, con tasas parecidas al promedio de la OCDE (43,2%). 

“Con estos antecedentes, parece razonable aumentar la base total de contribuyentes del impuesto de Segunda Categoría y Global Complementario, incorporando más contribuyentes y probablemente incrementar levemente la recaudación en los tramos intermedios”, señalaron.

En cuanto al IVA, la columna agrega que Chile y la OCDE tienen tasas en niveles similares (19%), “pero el efecto recaudatorio es mayor en nuestro país, en términos relativos”. Por ello, dicen, podría considerarse el aumento marginal del IVA, “que compense la informalidad laboral, diseñando un mecanismo de reintegro a los deciles más pobres”. 

En relación con los impuestos correctivos, plantean que se debiese impulsar el término de los regímenes de rentas presuntas “y buscar la forma de eliminar progresivamente las exenciones del impuesto al diésel, que representan unos US$ 1.800 millones”.

A modo de cierre, la lista liderada por Navarro sostiene que creen que “un pacto tributario de largo plazo es posible en Chile. Se requiere voluntad, valentía y disposición al diálogo de todos los actores. Sin embargo, cualquier acuerdo comienza con reconocer que la mejor fuente -viable y efectiva- para financiar los ansiados derechos sociales es el crecimiento económico sostenido”.